Opinión

La corrupción K y el grave problema institucional argentino

Columna de opinión en el portal INFOBAE, el 24 de junio de 2016

El primer sacudón fáctico fue ver por televisión al joven Báez contando y pesando dólares, y tomando whisky, con un grupito de destacados compinches en La Rosadita. El segundo fue ver los cuantiosos fajos de billetes de dólares. Esas imágenes sacudieron a la opinión pública y aportaron mucho a que el fenómeno kirchnerista fuera mejor comprendido, pero, en rigor, no nos dijeron nada nuevo.

Desde ya, lejano el día en que se conocieron las declaraciones juradas de los Kirchner, que pusieron en evidencia un incremento patrimonial de aproximadamente el 1.700 por ciento. Nadie que con cierta ecuanimidad reflexionara sobre ello podía eludir la conclusión obvia: "Esta gente roba, y mucho".

La ex Presidente se autocalificó de abogada exitosa para intentar dar razón de tanta riqueza, pero no brindó dato alguno respecto de los expedientes judiciales que regularon sus honorarios o qué clientes se los pagaron.
La corrupción K viene de sus tiempos fundacionales, en la patria chica santacruceña. Y en esto tiene razón Hebe de Bonafini: José López fue un infiltrado, pero debemos aclarar que lo infiltró Néstor Kirchner, hace 29 años, en el aparato del Estado —provincial, primero y nacional, después— para ser su recaudador operacional en el cuantioso manejo de fondos de la "obra pública".

El episodio rocambolesco del señor López llevando millones a tres monjas nonagenarias que viven en un "monasterio privado" y en la callada noche no vino a decirnos nada nuevo sobre el tema; pero la obscenidad de esos hechos, presentados en las pantallas televisivas, nos obligó a todos a hablar del tema y a replantearnos la cuestión respecto de la dimensión, la estructura y las consecuencias de aquella corrupción; sobre el funcionamiento institucional que la permitió y permite que la gran mayoría de sus responsables y sus beneficiarios todavía anden sueltos —o sueltas.

La ex Presidente se refirió al caso: "El dinero que el ingeniero López tenía en su poder, alguien se lo dio. Y no fui yo". De esa manera, intenta eludir la cuestión central: a ella nadie la acusó de "poner" dinero para la corrupción, ella es vista como la persona a la que se le lleva el dinero de la corrupción. Así es que, al negar que puso el dinero, nos está diciendo la verdad, una verdad obvia e irrelevante. Si lo hubiese "puesto" ella, no hubiese aparecido patrimonialmente enriquecida en la escandalosa forma en que apareció.

Al plantear como interrogante único: "¿Quién lo puso?", la señora intenta desviar, o bloquear, la pregunta que más le preocupa: ¿Quién se lo llevaba? Y si pensamos que se lo llevaba la familia Kirchner, esta hipótesis hace comprensible el cuantioso incremento patrimonial aludido.

Pero resulta ahora que quieren despegarse de López, porque necesitan un nombre respecto del cual decir: "He ahí el corrupto; todos los demás somos honestos y hemos sido sorprendidos en nuestra buena fe". ¡Pero reflexionemos! ¿Es verosímil que los Kirchner, que tenían a su servicio a las principales agencias de inteligencias del país —César Milani y Antonio Stiuso incluidos— hayan tenido como estrecho colaborador en el manejo del dinero de la obra pública, durante más de 29 años, a un coimero y nunca supieran que lo era? ¿Tampoco pudo detectarlo el señor Julio de Vido? Al decirnos esto pretenden tomarnos a todos por idiotas.

Si bien lo que he señalado tiene una gravedad extrema, ello no es lo más grave de todo: lo más grave es que no funcionó ninguno de los mecanismos institucionales que deben descubrir, investigar y castigar la corrupción en el seno del Estado.

En especial no funcionaron o fueron cómplices numerosos jueces federales: Daniel Rafecas rechazó investigar a Cristina por enriquecimiento ilícito, cerró rápidamente la denuncia de Alberto Nisman e intercambiaba mensajes de compinche con los abogados de Amado Boudou. Al igual que Tortuga Casanello, dejó dormir años las causas que involucran a López y a Lázaro Báez. Sergio Torres no pidió a la Cámara el permiso necesario para allanar el domicilio de De Vido. Julián Ercolini cerró la investigación sobre los bienes de los Kirchner y el fiscal Eduardo Taiano no apeló. Rodolfo Canicoba Corral sobreseyó CFK sin substanciar prueba significativa. Manuel Garrido entendió que esa resolución había sido "prematura", pero no la apelaron ni el fiscal Taiano ni Guillermo Noailles. El inefable Norberto Oyarbide determinó que no hubo delito en el incremento del patrimonio k, con el único fundamento en lo dicho por el contador de los Kirchner en Río Gallegos, Víctor Manzanares.

Esa inacción, esa complicidad y el sistema jurídico-judicial en el cual se sustenta es el más grave problema que tenemos los argentinos: cómo encontrar la forma rápida e institucional de sacarnos de encima esa runfla que ha sido corresponsable de la corrupción en el Estado que a todos (o casi todos) nos escandaliza.

Fuente: INFOBAE, 24 de junio de 2016
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